El escándalo okupa en Reus deja en evidencia un problema mayor: «Se están cargando el mercado de alquiler»

Esta semana conocíamos el caso de un hombre de Reus al que sus inquilinos no le pagan el alquiler desde hace más de tres años porque se declaran vulnerables. Este hombre tenía dificultades para pagar la hipoteca de su vivienda, situada en el Gaudí Reus Golf club y, por este motivo, optó por alquilarla.

Y ahora se encuentra con que no le pagan el dinero del alquiler y, además, desde hace tres meses la Agencia Tributaria le embarga una parte de su nómina, 500 euros, porque habría obtenido unos ingresos de forma irregular. Y es que su casa se encuentra en el portal de anuncios turísticos Booking y cuenta con varios reseñas de clientes que allí se habían alojado. La vivienda no cuenta con licencia para llevar a cabo esta actividad. También en eso sus inquilinos le han metido en un lío.

El caso lo destapaba Rac1. Resulta que los ocupantes de la vivienda cuentan con un informe de vulnerabilidad expedido por el Ayuntamiento de Reus, aunque él explica que la familia vive a todo tren, y hasta su inquilino es socio del club de golf y el hijo da la familia recibe clases de este deporte.

Y el consistorio alega que ya no puede hacer más por este hombre, porque no tienen medios para comprobar si los datos económicos que los okupas les han facilitado son correctos, y que tiene que ser la justicia la que tiene que resolver ahora.

«Tragedia legislativa»

Y sí, la justicia es lo único que le queda a este propietario. Todo ello fruto de la «tragedia legislativa» que hay en España en materia de vivienda. Son palabras del abogado experto en ocupaciones ilegales, José María Español, quien deja claro que todas las leyes aprobadas a nivel estatal, pero también catalán, penalizan a los propietarios, y no han hecho más que incrementar la indefensión de estos últimos.

En este caso, hay que remitirse a 2020, en plena pandemia. Entonces, recuerda, se acordó, con toda lógica, que se pidieran a los servicios sociales que informase de la situación de vulnerabilidad de los ocupantes o de los arrendatarios de una vivienda para parar un desahucio en caso de que, efectivamente, fueran vulnerables. Tenía lógica «para que no se quedaran en la calle en pleno confinamiento».

El problema es que, con el paso de los años, se ha ido prorrogando este tipo de medidas y el informe de servicios sociales «es fundamental» para que el juez determine esa vulnerabilidad. ¿Pero qué está pasando? Que los servicios sociales no tienen recursos, ni medios para corroborar si «aquello que dicen los ocupantes de una vivienda es cierto o no». Y en caso de dudas, añade Español, «los informes reflejan lo que les dicen, pero sin poder comprobarlo, porque no tienen acceso a la base de datos de la Seguridad Social y de Hacienda».

Y cada vez más se están encontrando con casos en que la información facilitada «no se corresponde con la realidad». El problema, recuerda Español, es la responsabilidad que están asumiendo los ayuntamientos. ¿Por qué? Pues porque los propietarios pueden empezar a reclamarles por «las consecuencias económicas» que han tenido para ellos que se haya paralizado el desahucio de unos okupas por un informe emitido por servicios sociales del ayuntamiento y basado en datos falsos que no se han contrastado.

Perjuicio al propietario y al mercado

«La indefensión que se está generando es cada vez mayor», aunque se puede acudir a la justicia para defenderse, pero el abogado deja claro que «el perjuicio es importantísimo y, en este caso de Reus, es doble o triple, porque se trata de lo que ha dejado de ganar, del perjuicio que se le está encausando y, encima, que Hacienda le esté reclamando unas rentas que debería haber declarado y que no ha hecho».

Pero más allá de las consecuencias particulares, están las más generales: «se están cargando el mercado de alquiler debido a una mala legislación y a una mala ejecución y a un incumplimiento por parte de las Administraciones Públicas, cada una en su ámbito competencial».

Y luego está el papel de los Ayuntamientos. Español deja claro que ese informe de vulnerabilidad es importante, porque con él se «logra suspender el proceso judicial y estás causando un perjuicio al propietario». En este sentido, añade, el consistorio «no se puede lavar las manos», como ha hecho, por ejemplo, el de Reus. «Si no dispone o no puede corroborar la información que le está facilitando el ocupante de la vivienda, lo que tiene que hacer directamente es no hacer ese informe».

Aun así, Español explica que se están dando pasos, pero a instancias de los jueces, no porque la legislación cambie. Recuerda que la Junta de Jueces de Primera instancia de Barcelona «unificó criterios y acordó que estos informes, que la información que las personas vulnerables habían aportado en un momento determinado en el proceso judicial, para lograr la suspensión del lanzamiento, se tiene que ir actualizando. Es decir, no sirve para este año un informe del 2021, del 2022, del 2023 o del año pasado».

Y ahí, dice, los Ayuntamientos tendrían la posibilidad de «arreglar el desaguisado que han organizado anteriormente». Y eso quiere decir que se aseguren que el «contenido del informe que habían emitido hace años se corresponde con la realidad. Y, si no es así, que lo refleje. Tampoco es la primera vez que un ayuntamiento ha llegado a la conclusión de que una familia no es vulnerable».

Por todo ello, Español insiste en lo que «tenía sentido hace cinco años», ahora ya no. Y lo que está provocando esta legislación «es una gran inseguridad jurídica, porque se modifican las reglas del juego durante el partido». Y hay que recordar, insiste el abogado, en que el «gran casero» de España no son los fondos de inversión inmobiliarios, sino los pequeños propietarios.

Y lo que están consiguiendo el gobierno central y el autonómico es que «estos propietarios no tengan confianza en el sistema, ya de por sí débil». Y a eso hay que añadir la lentitud de la Administración de Justicia por falta de recursos. El abogado deja claro que si ven que «pueden tardar 12, 14, 18 meses, si la cosa va bien, y no hay vulnerabilidad de por medio, en poder recuperar la posesión de su vivienda, después de mucho tiempo que no perciben los ingresos del alquiler, al final acaban diciendo: yo no alquilo, yo vendo».

Por lo tanto, concluye, «ya es un piso menos que tienes de alquiler». Y así, poco a poco, «se están cargando el mercado inmobiliario a través de una pésima gestión y unas decisiones legislativas horrorosas que sumadas a unas leyes procesales que cada vez dificultan más y quiebra la confianza del pequeño propietario, pues hace que no se estén alquilando pisos y que estamos y estemos teniendo una crisis de vivienda como nunca se había visto desde hacía 60 años», resume este abogado.