Díaz maniobra con el control de horario ante el eventual naufragio de la reducción de jornada

Yolanda Díaz está inquieta. La tramitación de la reducción de jornada sigue estancado, y el Congreso ha prorrogado hasta el próximo miércoles el plazo para presentar enmiendas. Tras meses de negociaciones infructuosas con Carles Puigdemont, el Gobierno da por hecho que la medida podría naufragar, así que la vicepresidenta está maniobrando a través del registro horario en un intento de avanzar por vía reglamentaria sin pasar por el Parlamento.

El pasado año, Díaz prometió que la nueva jornada laboral entraría en vigor el 1 de enero. Ahora, incluso el margen ampliado hasta el 31 de diciembre está en duda. Según la ministra, detrás del rechazo de Junts se esconde la presión de la patronal, especialmente la catalana, por lo que busca endurecer por decreto uno de los elementos más polémicos del proyecto.

«Es importante que se sepa: la razón fundamental de los opositores de la reducción de jornada no es la reducción, sino el control del registro horario», afirmaba la titular de Trabajo la semana pasada en La Sexta. Díaz sostiene que existen sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a España a garantizar un sistema de registro fiable y verificable. Por tanto, añadía, «se dicta un Real Decreto y se aplica».

El movimiento es arriesgado. Al elevar el registro de jornada al rango reglamentario y sin debate parlamentario, el Gobierno convertirá una exigencia legal en una palanca para desbloquear la jornada en el Congreso a través de una maniobra éticamente discutible.

Además, Sumar ha puesto en marcha una campaña nacional para reforzar el mensaje en la calle. Durante los días 14 y 15 de junio —y en algunos territorios durante toda la semana— desplegará más de 70 mesas informativas con el objetivo de generar un «clamor social» que contrarreste el desgaste institucional. Lo paradójico es que el foco de la campaña no está en Junts, clave en la votación, sino en el Partido Popular.

Este partido, precisamente, ha exigido a la ministra que aclare en qué consistirá en endurecimiento del registro de jornada, según ha adelantado Libertad Digital. En una batería de preguntas presentadas en el Congreso, el Grupo Popular ha pedido que respondan a las siguientes cuestiones:

«¿El citado anuncio de Real Decreto es fruto del diálogo social? ¿Estamos ante una nueva forma de diálogo social desconocida hasta ahora? ¿Cómo califica el Gobierno esta novedosa forma de diálogo? ¿Le han trasladado el contenido del Real Decreto anunciado a sindicatos y patronal? ¿El contenido del Real Decreto coincide con la regulación del registro horario contenida en el Proyecto de Ley en tramitación en el Congreso de los Diputados? ¿Considera respetuoso con el poder legislativo anunciar la aprobación de un Real Decreto que cercena un proyecto de ley en tramitación en las Cortes?».